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Comunicado conjunto de SEPCA e IC

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La inoperancia en las gestión de los recursos humanos en el Gobierno de Canarias durante los últimos 15 años ha generado una situación de precariedad laboral insostenible que afecta al 36% de la plantilla y 3.200 trabajadores y trabajadoras y amenaza la estabilidad de los servicios públicos.

El comunicado de prensa en formato PDF

Texto literal de la propuesta

Esa incapacidad se ha traducido en que el Gobierno de Canarias se ha refugiado tras un Expediente de Regulación de Empleo encubierto que es el acuerdo que se realizó en Madrid con algunas organizaciones sindicales que en Canarias tienen escasa representatividad en el Sector Público de Canarias. Esta huida supone poner el disparadero hacia la calle a compañeros y compañeras que llevan formando parte de la plantilla de personal de la Administración Canaria desde hace muchos años.

Esta medidas firmadas en Madrid va a suponer costes adicionales en cuanto al gasto público debido a las posibles indemnizaciones futuras y responsabilidad des patrimoniales a pagar. Pero además menoscaban el capital humano en el que se han invertido muchos recursos en formación y que además ha soportado el desempeño de los servicios públicos contra viento y marea.

Lo ideal sería que este personal no tuviera que pasar por procesos selectivos de libre concurrencia. No obstante a fin de llegar a un consenso con todos los sindicatos de la MGEP de Canarias, elaboramos una propuesta que tienen la seguridad jurídica necesaria y garantiza la permanencia de las plantillas.

Es una propuesta acogida favorablemente por los grupos parlamentarios e incomprensiblemente rechazada por las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo de Madrid.

Hemos de recordarles a esas organizaciones sindicales y a la Administración de la Comunidad Autónoma que el Interés de los servicios públicos está en Canarias y no en Madrid.

Esta propuesta no supone gasto públicos alguno más allá de los costos salariales actuales.

La propuesta viene a garantizar que el personal no fijo anterior a enero de 2005 pueda permanecer en la Administración garantizando la experiencia y en consecuencia la calidad de los servicios públicos que se vienen prestando sin coste adicional alguno.

En cuanto al personal posterior a enero de 2005 y en linea con legalidad establecida mediante la Ley de presupuestos Generales del Estado de 2018 se desarrollarán procesos de estabilización mediante la valoración de los méritos.